B_Cami ronda (30) … <<Si cada unos de estos miles de funcionarios, se propusiera reducir en un 20% los gastos colaterales y coyunturales que están a su abasto. Implicaría ingresos, hoy imaginariamente atípicos, y que están ahí en el día a día en la gobernanza que administran ellos mismos>>…

Esta información debería alimentar la prensa diaria para conocimiento de los ciudadanos. La pregunta es ¿quién está haciendo qué? para crear reducir gastos y al mismo tiempo crear riqueza. En cualquier caso afectará de lleno a la clase media, a los jóvenes que sin empleo y a miles de trabajadores que los obligan a subir al tobogán un ERE. La solución del problema tiene dos puntos de aplicación, reducir los costes de la administración y aumentar los puestos de trabajo directos que generan tributos. Una suma cero[1] que su efecto es atender el importe presupuesto que Cataluña necesita para volver a ser el motor de España. Se habla de privatizar, vender activos inmobiliarios, subir impuestos y eliminar puestos de trabajadores públicos. No se habla de crear empleo ni de impulsar una FORMACION PROFESIONAL que lo articule. Y si está haciendo es en la más estricta intimidad de los despachos de la administración. La respuesta a ¿quién debe de dirigir la reducción de gastos e incrementar los ingresos? Es directa al sentido común: Los funcionarios en sus actividades administradoras. Y, los políticos apoyarlos para medir llegar al éxito justo en tiempo y forma.

Cataluña en el año 2010 tenía una población activa de 3.137.500 individuos de los cuales en servicios había 2.188.000, industria 603.000 y construcción y agricultura 279.400 y 66.500 respectivamente.

Una gota de agua comparada con el océano económico de EE.UU. El principal problema es el endeudamiento privado sobre todo de las cajas de ahorro que sus activos revalorizados a la realidad del mercado, no cubren ni la mitad de su valor en libros. Pretender paliar la falta de ingresos sin medios económicos financieros para reactivar la economía, es una utopía que haya política económica que la pueda ni tan siquiera encauzar. Ni poniendo los salarios a nivel africano y a golpe de contratación como en la “Plaza Urquinaona” en la Barcelona en los años cincuenta. La obsesión angustiosa en la “venta de bonos” del tesoro público, que de ello habla ya hasta en la cola de las pescaderías de la Boquería y en las tertulias de jubilados en sus partidas de dómino. ¡Que si nos la van a comprar!, que España está mejor que Grecia y Portugal y ahora hasta mejor que Italia <por cierto sus diputados en Italia, han dejado sus vacaciones y se han puesto a trabajar en pleno Agosto>. España tiene todo controlado en su huida hacia delante en el acto de refinanciamiento como un dogma de fé. En Cataluña, ¿quién es leal con su población activa y le asegura sus puestos de trabajo? ¿quién asegura que no seguirá aumentando el paro?… Las mismas preguntas deben de hacerse a los empleados de la Administración, asumidos en una incertidumbre, no por que perderán sus puestos de trabajo, y sí, porque en fechas próximas será imposible atender sus compromisos salariales si el PIB sigue en su merma cada año e imprevisible de que llegue a superar el 3% como en los años 2007, 2006 o 2005. Con las exportaciones estancadas en no superar los 48.000 M€ y que deberían estar en más de 75.000 M€. Con inversiones en el extranjero como sinónimo de crecimiento en nuevas tecnologías que estamos en unos 1.200 M€ y no deberíamos estar por encima de los 10.000 M€.

Los FUNCIONARIOS, estos miles y miles de expertos muchos miles de alto nivel de capacitación, se les supone expertos en sus responsabilidades deben de aportar soluciones para crear riqueza y reducir gastos. Son más de 230.000 los funcionarios de los cuales más de 143.000 trabajan en organismos de la Generalitat. Sí, unos 35 empleados públicos por cada 1.000 habitantes y casi comparando con la población activa más de 14 por cada trabajador. Posiblemente inferior a otras comunidades, pero insostenible sin ingresos para pagar sus salarios y gastos colaterales. Las personas que trabajan para la Administración local son más de 77.000, de las cuales unas 46.000 pertenecen a los ayuntamientos, 1.600 a los consejos comarcales, unas 4.500 en las diputaciones provinciales, y más de 25.000 entre entidades metropolitanas, municipales descentralizadas, mancomunidades y entidades de gestión. Por su parte, las universidades públicas tienen unos 18.000 funcionarios, y más de 400 en organismos parlamentarios.

Si cada unos de estos miles de funcionarios, se propusiera reducir en un 20% los gastos colaterales y coyunturales que están a su abasto. Implicaría ingresos, hoy imaginariamente atípicos, y que están ahí en el día a día en la gobernanza que administran ellos mismos.


1. Suma cero describe una situación en la que la ganancia o pérdida de un participante se equilibra con exactitud con las pérdidas o ganancias de los otros